Opinión. Mi voto razonado positivo sobre el antejuicio de mérito propuesto por el TSJ Legítimo ante la Asamblea Nacional de Venezuela

En Venezuela existe una distorsión institucional de dimensiones extraordinarias, es un país sin ley, sin justicia, preso de una invasión extranjera silenciosa pero eficaz debido a la traición que desarrollo consuetudinariamente el populista y admirador de las causas trasnochadas y fracasadas históricamente, hoy difunto Hugo Chávez, quien desarrolló con la asesoría de esos intrusos invasores los mecanismos políticos/jurídicos que hoy nos atan y amenazan nuestra forma de vida.

Salvo esta Asamblea Nacional los poderes del estado venezolano están en este momento ilegitimados en ejercicio y asaltados por todo tipo de delincuentes de variados pelajes y procedencia. Producto de esta anomalía y distorsión de las instituciones republicanas esta Asamblea Nacional debe y seguro estoy va tomar decisiones de altísima responsabilidad, importancia y determinación a los fines de salvaguardar la integridad de esta república.

La aplicación de los artículos 266, 333 y 350 constitucionales dan el piso jurídico y sustentabilidad legal de esta decisión así como el derecho natural e internacional que nos asiste, decisión que sin duda tomaremos y que dará sus frutos en la medida que mantengamos la coherencia y seamos consecuentes y que no es otra que aprobar hoy mismo sin más dilaciones ni tácticas ya conocidas el antejuicio de mérito propuesto por el Tribunal Supremo Legitimo en el exilio en contra quien ocupa hoy usurpando funciones la presidencia de la república, el señor Nicolás  Maduro Moros.

Existen antecedentes de derecho internacional que apoyan nuestra tesis, hay decisiones sobrevenidas que deben y se toman en el marco de extrema necesidad y que no son discutibles en el marco jurídico normal, si al terminar la segunda guerra mundial no se hubiese interpretado el momento jurídico como anormal y no en estrictus sensus como suelen pregonar los restrictivitas de oficio, aún se estuviera esperando el castigo y la justicia sobre la cúpula Nazi que hizo los desmanes que hizo, esto se solventó con un acuerdo político que llevó a la instalación del tribunal de Núremberg con los resultados conocidos.

Es teoría innovadora  que desarrolla Werner Goldsmitd para describir conceptualmente el mundo jurídico como una trilogía que la componen la conducta, la norma y la justicia es lo que nosotros llamamos estado de derecho, vale decir que la aplicación restrictiva de la norma no garantiza los derechos sino la acompañan la conducta y la justicia como una triada.

El tinglado político/jurídico armado por este régimen de facto a lo largo de los años  está podrido desde sus propios  cimientos.

Ante una situación de permanente uso a conveniencia del entramado legal por parte del Régimen de Facto es pertinente invocar y aplicar el artic. 350 de la constitución :

El pueblo….. desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios,  garantías….

La única ley de aplicación directa es la Carta Magna nosotros diputados con la legítima representación que nos ha otorgado el pueblo de Venezuela estamos no solo en el derecho sino además en el deber de aplicar y hacer valer.

Esta Asamblea Nacional posee las atribuciones, legitimidad y potestad para aprobar el Antejuicio de Mérito remitido ante esta instancia por el Tribunal Supremo Legitimo en el Exilio facultad que nos otorga el artículo 266 constitucional que no exige más requisito  “que su aprobación por parte de la Asamblea Nacional”, luego de ser solicitado por el TSJ entendiendo por aprobación la aplicación directa del teérmino y no ninguna excepción como tácitamente existen cuando el constituyentista la consideró necesaria. Vale decir mayoría simple, lo cual no puede ser modificado o contravenido por norma o legislación alguna de menor rango y si así lo hiciera tenemos el deber de desconocerla en concordancia del artc. 350 constitucional.

Es pues este articulo el 350 incluido por los ideólogos del régimen en la constitución del 99 con la intención de justificar la felonía cometida el  4 de febrero del año 1992, el justificativo y soporte legal más importante para fundamentar esta decisión, irónicamente su peor verdugo.

La pérdida de confianza y vacío de poder, la absoluta convicción de que estamos enfrentando un estado forajido, a un vacío de poder institucional y a un estado de indefensión jurídica que vive la nación, así como el derecho natural e internacional que nos asiste, ante el inminente peligro que corre nuestra sociedad bajo  una amenaza de destrucción y desintegración de la misma es que esta Asamblea Nacional en representación otorgada por el pueblo venezolano consecuente con sus principios y obligada por sus responsabilidades debe tomar  decisiones que conlleven a llenar esos espacios vacíos de institucionalidad, así las cosas la aprobación del antejuicio de mérito antepuesto por la  Fiscal General de la Republica ante el TSJ Legitimo, habida cuenta de haberse llenado los requisitos de ley y habiendo más que suficientes elementos y alegatos probatorios, no solo significa tan solo la aprobación de mero tramite de lo solicitado sino que además es un acto de audacia e innovación en el  marco jurídico ya que implica el reconocimiento implícito y excepcional así como la legalización institucional de estas dos instancias( Fiscalía Legitima y TSJ Legítimo ambos en el exilio) que llevarán en delante la responsabilidad de la aplicación de la justicia en Venezuela hasta tanto el país vuelva a la normalidad y estabilidad por todos esperadas.

En una situación de contingencia y un estado de necesidad como la que vivimos, estas son decisiones de estado, donde no caben discusiones preciosistas, leguleyas, de derecho común o estrictus sensus. Se trata de una situación alarmante y de absoluta urgencia, de la cual y mediante la cual se persigue dotar a la República de los mecanismos necesarios para  estabilizar el país y acometer de la tarea de castigar a los culpables de esta tragedia a la cual han sometido a la población, condenando a los venezolanos al hambre, el éxodo, a la muerte silenciosa de miles de personas por falta de medicinas o victimas d la inseguridad personal, al negárseles los más elementales de los derechos como son el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la vida y a la libertad.

DUDAR ES PERDERSE…

Me pregunto que argumentos esgrimirán aquellos que hoy piensen si es que hay alguno votar en negativo esta propuesta.

— ¿Que este tribunal no existe en nuestro ordenamiento jurídico?

— ¿Que se requieren las 2/3 partes para esta aprobación según la ley orgánica del TSJ?

—  ¿Qué esta asamblea nombro 13 magistrados y 20 suplentes y no un TSJ?

Y yo me pregunto:

—  ¿Podemos reconocer al TSJ que ejerce de facto toda vez que se nombraron los  33 magistrados vacantes cumpliendo los extremos que establece la ley  y fueron desconocidos y perseguidos  por el Régimen?

—  Siendo que hoy compañeros todos y encontrándonos ante una amenaza de encarcelación como ocurre con la diputada Gaby Arellano, habrá colegas que con su voto justifiquen tales acciones en contra de aquellos de los que si estamos dispuestos a correr tales riesgos?

Tengo la fe y la esperanza que ninguno de ustedes lo hará, refiero pues el pasaje de la novela del magistral Lope de Vega, Fuenteovejuna  y digamos:

“Instalado el tribunal de la causa al preguntarle al pueblo quien había matado al Comendador de Fuenteovejuna todos contestaron al unísono  TODOS A LA UNA, con lo cual no pudieron los magistrados condenar a nadie en particular  “

Termino expresándole al pueblo venezolano nuestras palabras de aliento ante la trágica situación que vivimos, hay que resistir no hay otra  ,esta Asamblea Nacional investida de la  legitimidad de origen así como de la confianza de  todos ustedes, jamás los traicionará y aquí continuaremos hasta lograr el objetivo que no es otro que liberar a este país de la tiranía opresora que nos agobia

 

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